La polémica Ley de la Industria Eléctrica que entró en vigor el pasado 10 de marzo, misma que el Presidente López Obrador, dijo tiene como propósito “garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Ello, al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual Contrato Legado de la CFE, y con el diseño de un nuevo Contrato de entrega física de energía y capacidad a la red”, además que con ella «se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados de la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes de mercado”.

Algunos analistas dicen que el cambio se debe a que si bien la CFE produce energía, con el antiguo sistema, se priorizaba la compra de energía eléctrica que se usa en el país por medio de subastas a empresas privadas, dejado de lado la producida en las plantas de la CFE, lo que según los mismos, perjudicaba las finanzas de la CFE y la dejaba fuera de la competencia.

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El problema, aseguran representantes de la industria privada y de la Comisión Federal de Competencia (COFECE), es que con la nueva Ley Eléctrica, en primer lugar, se despachará la energía de hidroeléctricas, seguidas por el resto de las centrales de la CFE, en tercer orden los productores independientes de energía y hasta el final las plantas renovables y ciclos combinados del sector privado, con lo que se limita la competencia, y desincentiva o excluye a la generación de las energías más limpias, como la solar y eólica, algunos incluso lo han llegado a catalogar como un monopolio de la energía eléctrica.

El gobierno ha dicho que el costo real de las energías limpias es más alto, ya que sus cifras están “subsidiadas” por la propia CFE, pues ésta se encarga del “respaldo” de energía cuando no hay sol ni aire, y del pago para desarrollar infraestructura de transmisión, a lo que especialistas contestaron que en «realidad termina siendo un negocio para la CFE pues la energía que compra barata y luego la revende a un precio más alto a sus clientes, negocios y particulares».

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Las dificultades con ésta nueva reforma están lejos de terminar, pues un juez federal otorgó un amparo al parque solar La Orejana, propiedad de Zuma Energía y ubicado en Hermosillo, Sonora, “La suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LIE, publicado en el Diario Oficial el 9 de marzo de 2021”

Se estima que van 114 solicitudes de amparos contra la reforma eléctrica, sobre esto Adrián Sada Cueva, director de La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), explicó que éstos se deben a que «ésta reforma violenta muchos derechos y no sólo de las empresas, sino de los generadores de energía eléctrica, pequeñas y medianas empresas, ya que se pondrá en riesgo los esquemas de auto abasto eléctrico que proporcionaban precios más competitivos».

 

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